¿Quiénes son los presuntos culpables?
Ricardo Ojeda Bohórquez
Con la exhibición y polémica que ha
desatado la película Presunto culpable en nuestro país, se ha
puesto en entredicho el sistema de impartición de justicia escrita y se ha
cuestionado la labor de los jueces, extrapolando las deficiencias que se dan a
nivel local al ámbito federal. El autor de este artículo nos da las razones por
las que está en contra de estas generalizaciones.
Es verdad que en México existen
deficiencias en la impartición de justicia escrita, pero principalmente en el
fuero común, por parte de algunos jueces de los estados de la República y del
Distrito Federal. En el fuero federal, los jueces, magistrados y ministros han
hecho un gran esfuerzo por cumplir con los postulados del artículo 17
constitucional: impartir justicia de manera pronta, completa, gratuita e
imparcial, tanto en materia de amparo como en procesos penales y civiles
federales.
La reforma penal constitucional del
18 de junio de 2008 estableció el nuevo proceso penal acusatorio oral, el cual
tiene múltiples ventajas y bondades, pero normativamente tiene también
deficiencias que oportunamente se hicieron notar en publicaciones como ésta y
que fueron ignoradas.
Desde el inicio de su implementación,
para justificar la reforma se emprendió una campaña de desprestigio al proceso
penal escrito aún vigente, sin distinguir entre fuero local y federal, donde
los errores y las deficiencias son más marcados en el primero que en el
segundo, por razones de presupuesto, capacitación, salarios, etcétera.
Se ha llegado al grado de que los
estadounidenses que impulsaron el nuevo sistema de justicia oral, a través de
algunas organizaciones de abogados mexicanos bien remunerados, financiaron una
película que puso en la mira las deficiencias de la impartición de justicia en
el Distrito Federal, pero con la intención de que se piense que esa deficiencia
ocurre en todo México y en ambos fueros. La película se titula Presunto
culpable.
El filme se estrenó precisamente
después de la evidencia de las fallas del nuevo proceso penal acusatorio oral
en Chihuahua, donde tres jueces del nuevo sistema penal dejaron en libertad al
presunto homicida de la joven Rubí Marisol Frayre Escobedo, con la
inconformidad evidente de su señora madre, Marisela Escobedo Ortiz, quien pidió
justicia a los gobiernos local y federal, y en cuya lucha lamentablemente fue
asesinada, frente al palacio de gobierno del estado.
No podemos afirmar que la impunidad y
la tragedia familiar que los mexicanos presenciamos fue una consecuencia de la
falla de los jueces, por su inexperiencia o por su designación equivocada,
porque no tenemos a la vista las pocas evidencias que deja un juicio oral, a
diferencia del escrito; pero si no fue un error de los jueces, entonces fue
culpa de los legisladores de Chihuahua, que no hicieron bien las leyes, pues la
mayoría no son abogados y, salvo honrosas excepciones, se preocupan más por la
cuestión político-electoral que por su alta responsabilidad de crearlas.
En este tema del nuevo juicio oral,
los legisladores locales y federales fueron engañados por seudoacadémicos
desempleados, pues sin mayor consulta, copiaron la normatividad de otros países
que no corresponde a nuestra realidad nacional; han quitado garantías
individuales importantes que ya existían en la Constitución, como los careos
constitucionales y la libertad provisional bajo caución; en las leyes secundarias,
han eliminado herramientas procesales útiles para que los juzgadores lleguen a
la verdad legal e impidan la impunidad, como la “prueba indiciaria”, que
durante mucho tiempo ha servido en México a los jueces penales para que 80 por
ciento de los casos no queden impunes, a pesar de las argucias y los
tecnicismos de abogados sin ética, de la ineficacia de algunos fiscales, de las
presiones mediáticas, así como de algunos periodistas de prensa y televisión,
que por algunos intereses se erigen en jueces cuando no lo son.
Hoy en día, los juzgadores no sólo
reciben presiones de las partes y de comunicadores de prensa y televisión, sino
también a través de la publicación de libros y, ahora, hasta de películas, lo
cual quebranta la independencia judicial.
Por otra parte, la película Presunto
culpable, además de evidenciar las fallas del viejo sistema de
administración de justicia escrito, también refleja el descuido de los
gobernantes en la aportación de recursos para la administración de justicia,
pues se asegura que en los estados no rebasa el 2 por ciento del presupuesto en
general y se necesita más dinero para capacitar y pagar un sueldo justo a los
jueces de los estados y del Distrito Federal y contar con escenarios dignos
donde se administre justicia; no como los de la película: un escritorio viejo y
tres sillas destartaladas; una para el abogado audaz que presionó con cámaras y
amenazas no sólo al testigo sino al juez que, desconcertado, hacía un gran
esfuerzo por controlar la diligencia; otra para el testigo que, ante las
circunstancias, se retractó de haber visto a quien le disparó a su primo, mas
no de que el presunto culpable no hubiera estado en el lugar de los hechos, y
una tercera silla para la ineficiente y “chambona” fiscal de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal; advirtiéndose en esa película que todos los
demás presentes estaban de pie, incluido el juez y el público, como si se
tratara de un tianguis y no de un tribunal. La película dio origen a la
propuesta de que se filmen todas las audiencias en los juzgados del Distrito
Federal, lo mismo en las comandancias de la policía ministerial, en las
agencias del Ministerio Público y de tránsito, en las oficinas de la lenta
burocracia del Distrito Federal y de los estados de la República, y también en
otras instituciones del gobierno federal. Con toda seguridad de ese material
filmográfico saldrían otras muchas películas exitosas.
Si el Poder Legislativo no hace bien
sus leyes, por darle más importancia a lo político-electoral y no a lo
esencial; si el Poder Ejecutivo no se preocupa por combatir las deficiencias
éticas y profesionales de fiscales y defensores, y no otorga presupuesto
suficiente al Poder Judicial para que los jueces tengan espacios adecuados,
sueldos justos y una independencia total garantizada, la misma ineficacia que
existe en la justicia penal del sistema tradicional escrito se va a presentar
en el nuevo modelo de proceso penal acusatorio oral.
Que no se culpe a los jueces de la
“tragedia nacional”: de los errores de la ley, de la impunidad y de la
inseguridad existente, de la falta de procuración de justicia, que es
competencia de los legisladores, de las policías y de los agentes del
Ministerio Público. Los jueces tienen su propia responsabilidad, que únicamente
es administrar justicia al resolver los juicios, con los elementos de prueba
que les aporten y con las leyes que se promulguen para aplicarlas.
Por México, que cada quien trabaje
con ética y asuma su propia responsabilidad.
Notas
* Catedrático de la UNAM y miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Nacional de
Doctores en Derecho.
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